Delitos contra la Hacienda pública

Introducción

El presente artículo jurídico se centra en los delitos contra la Hacienda Pública, incluyendo una explicación de cuáles son, cómo ha evolucionado la legislación al respecto, la distinción entre una infracción tributaria por dejar de ingresar y el delito contra la Hacienda pública, y la aplicación de la ley penal y tributaria en el procedimiento inspector por la comisión de un delito contra la Hacienda pública.

Se abordarán también los elementos subjectivos y objetivos en el delito contra la Hacienda pública, la posibilidad de dictar sentencias contradictorias en estos casos, la retroactividad de la norma más favorable, las presunciones de las normas tributarias, el concepto de defraudación como delito exclusivamente doloso, la elusión del pago de tributos o retenciones de impuestos, obtención indebida de devoluciones, disfrute indebido de beneficios fiscales, la cuantificación de la cuota dolosa del artículo 350.2 del Código Penal, la liquidación vinculada al delito contra la Hacienda pública, la autoría en los delitos contra la Hacienda pública, el cooperador necesario, el cómplice, los inductores, el partícipe a título lucrativo, la consumación y formas imperfectas de ejecución, la tentativa y la prescripción, regularización voluntaria de la situación tributaria, la prueba del delito contra la Hacienda pública, el derecho a la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva y a no confesarse culpable, las facturas falsas, estimación indirecta de bases imponibles, la punición del delito contra la Hacienda pública en personas físicas y personas jurídicas, la transmisión y suspensión de penas, la responsabilidad criminal de las sociedades mercantiles por delito contra la Hacienda pública y el delito fiscal como delito antecedente del blanqueo de capitales.

Evolución legislativa de los delitos contra la Hacienda Pública

La legislación española en materia de delitos contra la Hacienda Pública se remonta a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882.

Esta ley, que se encuentra actualmente en vigor, establece los delitos contra la Hacienda Pública y los procedimientos de enjuiciamiento para tales delitos.

La más reciente ley española relacionada con los delitos contra la Hacienda Pública es la Ley de Prevención del Lavado de Activos, que entró en vigor el 1 de enero de 2017.

Esta ley establece un marco legal para prevenir la utilización de activos obtenidos ilícitamente para fines ilícitos y para combatir el blanqueo de capitales y los delitos contra la Hacienda Pública.

Distinción entre infracción tributaria por dejar de ingresar y el delito contra la Hacienda Pública

La Ley General Tributaria de 1963 establece una distinción entre una infracción tributaria por dejar de ingresar y un delito contra la Hacienda Pública.

La infracción tributaria por dejar de ingresar es una violación de la obligación de pagar los impuestos o de presentar las declaraciones relativas a los impuestos.

Estas infracciones se castigan con multas y pueden llevar a la suspensión de algunos derechos, como el de voto.

Por otro lado, un delito contra la Hacienda Pública se define como una violación de la Ley General Tributaria o de otras leyes tributarias, que se castiga con la imposición de penas privativas de libertad y/o multas.

Aplicación de la ley penal y tributaria en el procedimiento inspector por la comisión de un delito contra la Hacienda Pública

La Ley General Tributaria establece que si durante un procedimiento inspector se descubre la comisión de un delito contra la Hacienda Pública, se aplicará la ley penal y tributaria.

Cuando se descubre un delito contra la Hacienda Pública, el inspector deberá informar al Ministerio Fiscal y a la Agencia Tributaria, así como informar a la persona afectada.

Si la persona afectada presenta una denuncia, el Ministerio Fiscal tomará las medidas correspondientes.

En el caso de que el Ministerio Fiscal decida no presentar una denuncia, el inspector de la Agencia Tributaria podrá presentar una denuncia penal por el delito cometido.

Artículo 1914 de la Ley General Tributaria

El artículo 1914 de la Ley General Tributaria establece una serie de sanciones por la comisión de delitos contra la Hacienda Pública.

Estas sanciones incluyen la imposición de multas, la restitución de los importes defraudados y la imposición de penas privativas de libertad.

El artículo también establece que la imposición de la pena privativa de libertad será de una duración mínima de un año y una duración máxima de cuatro años.

Además, en caso de reincidencia, la pena privativa de libertad será de cuatro a diez años.

Tipo penal blanco y el delito especial propio en el delito contra la Hacienda Pública

El Código Penal español establece dos tipos de delitos contra la Hacienda Pública: el delito especial propio y el tipo penal blanco.

El delito especial propio se refiere a una violación de la Ley General Tributaria o de otras leyes tributarias que se castiga con la imposición de penas privativas de libertad y/o multas.

El tipo penal blanco se refiere a una violación de la Ley General Tributaria o de otras leyes tributarias que no se castiga con una pena privativa de libertad, sino con la imposición de multas.

El tipo penal blanco se aplica generalmente a infracciones menores.

Elementos subjetivos en el delito contra la Hacienda Pública

Los delitos contra la Hacienda Pública requieren la presencia de una intención dolosa.

Esta intención dolosa se define como la intención de realizar un acto que se sabe es ilegal o que se sabe es contrario a la ley.

Esta intención debe ser demostrada para que se pueda imputar un delito contra la Hacienda Pública.

Además, los delitos contra la Hacienda Pública deben ser cometidos con ánimo de lucro.

Esto significa que el autor del delito debe haber actuado con la intención de obtener un beneficio económico para sí mismo.

Elemento objetivo y cuantitativo en el delito contra la Hacienda Pública 

Además de la intención dolosa, los delitos contra la Hacienda Pública también requieren un elemento objetivo.

Esto se refiere a la cantidad de impuestos o tributos defraudados. Esta cantidad debe ser igual o superior a 6.010 euros para que se pueda imputar un delito contra la Hacienda Pública.

El elemento cuantitativo se refiere a la cantidad de impuestos o tributos defraudados.

Esta cantidad debe ser igual o superior a 60.100 euros para que se pueda imputar un delito contra la Hacienda Pública.

Retroactividad de la norma más favorable y las presunciones de las normas tributarias

La Ley General Tributaria establece la retroactividad de la norma más favorable para los casos de delitos contra la Hacienda Pública.

Esto significa que, en caso de que se descubra un delito contra la Hacienda Pública, se aplicará la ley más favorable en el momento en que se cometió el delito.

Además, la Ley General Tributaria establece una serie de presunciones en los casos de delitos contra la Hacienda Pública.

Estas presunciones se refieren a aquellos casos en los que el contribuyente no ha presentado las pruebas necesarias para demostrar que el delito no se cometió.

Concepto de defraudación como delito exclusivamente doloso

La defraudación es un delito exclusivamente doloso. Esto significa que el autor de la defraudación debe haber actuado con ánimo de lucro y con la intención de obtener un beneficio económico para sí mismo.

El autor de la defraudación también debe haber cometido un acto ilegal o contrario a la ley para obtener el beneficio económico.

Esto es diferente de los delitos contra la Hacienda Pública, que requieren la presencia de una intención dolosa, pero no necesariamente de un acto ilegal.

Elusión del pago de tributos o retenciones de impuestos, obtención indebida de devoluciones, disfrute indebido de beneficios fiscales

El Código Penal español establece una serie de delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el pago de impuestos.

Estos delitos incluyen la elusión del pago de tributos o retenciones de impuestos, la obtención indebida de devoluciones y el disfrute indebido de beneficios fiscales.

Estos delitos se castigan con la imposición de penas privativas de libertad y/o multas.

Cuantificación de la cuota dolosa del artículo 350.2 del Código Penal

El artículo 350.2 del Código Penal español establece una cuantificación de la cuota dolosa en los casos de delitos contra la Hacienda Pública.

Esta cuantificación se refiere a la cantidad de impuestos o tributos defraudados. Esta cantidad debe ser igual o superior a 6.010 euros para que se pueda imputar un delito contra la Hacienda Pública.

Si la cantidad defraudada es inferior a 6.010 euros, el delito será considerado una infracción tributaria por dejar de ingresar.

Liquidación vinculada al delito contra la Hacienda Pública

En los casos de delitos contra la Hacienda Pública, es posible que se exija una liquidación vinculada al delito.

Esta liquidación se refiere a la cantidad de impuestos o tributos defraudados. Esta cantidad debe ser pagada por el autor del delito para evitar la imposición de la pena privativa de libertad.

Si el autor del delito no puede pagar la cantidad exigida, se le impondrá la pena privativa de libertad.

Autoría en los delitos contra la Hacienda Pública

La autoría es un elemento esencial para la comisión de cualquier delito. Se entiende por autoría al conjunto de acciones realizadas por una persona que contribuyen a la comisión de un delito.

En el ámbito de los delitos contra la Hacienda Pública, el autor de los mismos es la persona que realiza acciones u omisiones con el propósito de ocasionar un perjuicio patrimonial a la Administración Pública.

Estas acciones u omisiones pueden consistir en la defraudación tributaria, la apropiación indebida de fondos públicos, el tráfico de influencias, la corrupción, etc.

Cooperador necesario, cómplice, inductores y partícipes a título lucrativo en los delitos contra la Hacienda Pública

Además del autor de los delitos contra la Hacienda Pública, existen otros agentes que pueden ser responsables de los mismos.

Estos agentes son el cooperador necesario, el cómplice, los inductores y el partícipe a título lucrativo.

El cooperador necesario es aquella persona que contribuye al delito sin ser el autor principal, pero sin la cual no se hubiera podido llevar a cabo.

Por su parte, el cómplice es aquella persona que colabora con el autor principal para la comisión del delito con el fin de obtener un beneficio.

Los inductores son aquellas personas que incitan, instigan o alientan al autor principal a cometer el delito, mientras que el partícipe a título lucrativo es aquella persona que, aunque no sea el autor principal, comparte los beneficios obtenidos mediante el delito.

Consumación y formas imperfectas de ejecución, tentativa y prescripción en los delitos contra la Hacienda Pública

La consumación de un delito es el momento en que se realizan todos los elementos necesarios para su ejecución.

En el ámbito de los delitos contra la Hacienda Pública, la consumación se produce cuando el autor principal lleva a cabo la acción u omisión que configura el delito.

En algunos delitos, la consumación se produce de forma gradual, de modo que no se llega a la plena realización del delito.

En estos casos se habla de formas imperfectas de ejecución.

En otros casos, el autor principal lleva a cabo todos los actos necesarios para la comisión del delito, pero esta no se completa.

Esta situación se conoce como tentativa.

Por último, hay delitos que tienen un plazo de prescripción que es el periodo de tiempo durante el cual el delito puede ser procesado por la autoridad competente.

Una vez transcurrido este plazo, el delito ya no puede ser procesado.

Regularización voluntaria de la situación tributaria

La regularización voluntaria de la situación tributaria es el procedimiento mediante el cual el contribuyente puede regularizar su situación tributaria sin que dicha regularización sea motivo de sanciones.

Esta regularización voluntaria puede ser realizada de forma directa, presentando las declaraciones pertinentes, o de forma indirecta, mediante el pago de los impuestos o tasas adeudados.

Prueba del delito contra la Hacienda Pública

El principio de legalidad establece que toda persona acusada de un delito debe ser juzgada con arreglo a la ley.

Por lo tanto, para demostrar la comisión de un delito contra la Hacienda Pública es necesario aportar pruebas que demuestren que se han cometido los elementos constitutivos del mismo.

En la práctica, para demostrar la comisión de un delito contra la Hacienda Pública se suelen aportar documentos, testimonios de testigos, informes de expertos y otros medios de prueba.

Derecho a la presunción de inocencia, tutela judicial efectiva y a no confesarse culpable

El principio de presunción de inocencia establece que toda persona debe ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Esto significa que la carga de la prueba en los procesos judiciales corresponde a la acusación y no al acusado.

Además, toda persona acusada de un delito tiene derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, a un juicio justo con la garantía de que su defensa será escuchada.

Por último, toda persona acusada de un delito tiene derecho a no confesarse culpable.

Facturas falsas

Una de las formas de cometer delitos contra la Hacienda Pública es mediante el uso de facturas falsas.

Estas facturas son aquellas que contienen datos falsos o inexactos con el fin de defraudar al Estado.

En este sentido, la acusación puede aportar pruebas para demostrar que una factura es falsa, como por ejemplo la ausencia de los datos correspondientes al contribuyente, la ausencia de los impuestos correspondientes, la ausencia de los bienes o servicios facturados, etc.

Estimación indirecta de bases imponibles

La estimación indirecta de bases imponibles es un procedimiento que se utiliza para determinar la cantidad de impuestos que un contribuyente debe pagar.

Este procedimiento se basa en el principio de presunción, es decir, que se asume que los ingresos o patrimonio del contribuyente es mayor a lo que ha declarado.

En el ámbito de los delitos contra la Hacienda Pública, este procedimiento se utiliza para demostrar la comisión de un delito de defraudación tributaria.

Punición del delito contra la Hacienda Pública

Los delitos contra la Hacienda Pública son sancionados de forma distinta dependiendo de si el autor es una persona física o una persona jurídica.

En el caso de los delitos cometidos por personas físicas, estos pueden ser sancionados con multas, inhabilitación, prisión o cualquier otra sanción prevista en la ley.

En el caso de los delitos cometidos por personas jurídicas, estos se sancionan con multas, inhabilitación de la sociedad, disolución de la sociedad, disolución de órganos directivos, etc.

Además, los delitos cometidos por personas jurídicas pueden ser sancionados con la transmisión de la sanción a los administradores de la sociedad o con la suspensión de la sanción.

Responsabilidad criminal de la sociedades mercantiles por delito contra la Hacienda Pública

La responsabilidad criminal de las sociedades mercantiles se refiere a la responsabilidad penal que puede ser asignada a una sociedad comercial por los delitos cometidos por sus administradores.

En el ámbito de los delitos contra la Hacienda Pública, la responsabilidad criminal de las sociedades mercantiles se establece en la ley para garantizar que los administradores de dichas sociedades sean responsables de los delitos cometidos por ellos.

Delito fiscal como delito antecedente del blanqueo de capitales

Un delito fiscal puede ser considerado como un delito antecedente del blanqueo de capitales.

Esto significa que los delitos fiscales se pueden utilizar como base para la comisión de delitos de blanqueo de capitales.

En este sentido, los delitos fiscales pueden ser utilizados para encubrir la procedencia ilícita de los bienes y evitar la aplicación de las leyes tributarias.

Conclusiones

En conclusión, los delitos contra la Hacienda Pública son una preocupación central para los estados, los cuales han establecido una serie de leyes para prevenir y sancionar estas infracciones.

Estas normas establecen la autoría, el cooperador necesario, el cómplice, los inductores, el partícipe a título lucrativo, la consumación y formas imperfectas de ejecución, la tentativa y la prescripción, el derecho a la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva y a no confesarse culpable, las facturas falsas, la estimación indirecta de bases imponibles, la punición, la responsabilidad criminal de la sociedades mercantiles, el delito fiscal como delito antecedente del blanqueo de capitales, así como la regularización voluntaria de la situación tributaria y la prueba del delito contra la hacienda pública.

Los delitos contra la Hacienda Pública deben ser combatidos de forma eficaz para garantizar que los estados obtengan los ingresos necesarios para el desarrollo de la economía nacional.

Por lo tanto, es necesario que los estados adopten una legislación adecuada para prevenir y sancionar estos delitos, así como para garantizar el derecho a la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva y a no confesarse culpable a todos los acusados.